La tradición reformista ibérica nunca ha recurrido a la cuestión económica para reivindicar la legalización del cannabis. Siempre se ha valido de otros motivos, desde el libre desarrollo de la personalidad hasta la lucha contra el narcotráfico, pasando, como no, por la protección de la salud colectiva. A pesar de esto, en los últimos meses, la dimensión monetaria se ha convertido en viento de cola para reclamar que la marihuana pase de los márgenes sociales a los circuitos legales. Lógico. Las cifras que manejan algunos territoritos donde la Cannabis Sativa L. es legal son cuanto menos poco desdeñables, y al parecer de algunos, son tan suculentas que casi permitirían sortear los bretes financieros del Estado español. La legalización mermaría el negocio del mercado negro, haría crecer el erario gracias a los impuestos y regularizaría miles de puestos de trabajo, en definitiva, haría emerger los millones de euros que ahora transitan por la economía informal en gran parte controlada por redes criminales. El cannabis no debe legalizarse por intereses monetarios, pero no es baladí el revulsivo que supondría para la economía española.
Pero ¿de cuánto estamos hablando? La respuesta depende del modelo que se aplique para regular el cannabis. No hay comparación posible entre los ingresos que genera el modelo estatista de Uruguay con el modelo de mercado casi libre de Colorado. En noviembre de 2018, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), estimaba el volumen del mercado regulado de Uruguay, desde su legalización en agosto de 2014, en 22 millones de dólares. No están disponibles los datos relativos a los ingresos netos que ha percibido el Estado. Intuimos que insignificantes. El volumen de negocio correspondiente a la venta en farmacias es de 2,6 millones, con los cuales, además de ofrecer algún margen de beneficio a las boticas, deben cubrir los gastos derivados de mantener el sistema de producción, distribución y control. El resto, hasta alcanzar los 22 millones, corresponde al hipotético negocio que hubiese obtenido el narco si los consumidores, que ahora autocultivan o se abastecen en clubes sociales, le hubiesen comprado el cannabis.
La situación en Colorado es radicalmente distinta. El Department of Revenue, lo que sería su Agencia Tributaria, apunta que, desde la legalización el 1 de enero de 2014 hasta febrero de 2019, había ingresado en concepto de impuestos, tasas, e ingresos por tramitación de licencias la friolera de 927 millones de dólares. Solo en 2018 fueron 266. El dinero derivado de los tributos cannábicos se destina a mejorar el sistema educativo, el sanitario, a la protección de los pueblos nativos, entre otros proyectos de corte social. El 12 de febrero el Department anunciaba que el volumen de negocio histórico (cinco años) había alcanzado los 6.000 millones. Cantidades sumamente interesantes para un estado habitado por poco más de 5,4 millones de almas.
Los ingresos son espectaculares en todos los estados norteamericanos que han legalizado el cannabis recreativo como Washington, California, Oregón o Alaska. Canadá también sigue la misma senda, con un negocio de mil millones de dólares durante el primer trimestre con el cannabis legal (el último de 2018). Miremos por donde miremos, el baile de cifras es tremendo, aunque todas coinciden en que los modelos con venta casi libre tienden a mover cifras con bastantes ceros. Las proyecciones de futuro ya son estratosféricas, a modo de ejemplo, la consultora californiana Gran View Research estima que en 2025 el mercado mundial del cannabis ascenderá hasta los 146.000 millones dólares.
España representa un mercado apetitoso para la industria cannábica, con una cultura del cannabis bien arraigada, medio millón de consumidores diarios, dos millones de ocasionales y millones de turistas y estudiantes con gusto por la marihuana que nos visitan cada año. Las estimaciones nos evidencian que dejamos en manos de narcotraficantes una millonada que podría contribuir a mejorar el Estado Social. Según un estudio realizado por el doctor en Economía Iván Ayala, España ingresaría 1.481 millones de euros en concepto de impuestos indirectos. Mis cálculos, publicados en el número 250 de la revista Cáñamo de octubre de 2018, elevan la cifra hasta los 3.312 millones: 1.021 por IVA, 486 en concepto de impuestos especiales, 371 por impuestos de sociedades, 1.407 por IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social y 27 por impuestos derivados de la exportación. El volumen total del negocio legal del cannabis lo estimo en 8.514 millones de euros anuales. Ambos estudios hacen sus evaluaciones tomando como referencia un modelo de regulación híbrido, es decir, una parte de la demanda se abastecería por canales no lucrativos (autocultivo y clubes sociales) y el resto por circuitos comerciales. Si el millón de quilos de marihuana necesarios para abastecer la demanda española anual circulasen exclusivamente por circuitos comerciales, el volumen de negocio rondaría por lo menos los 12.000 millones.
Ante una hipotética regulación del cannabis, algunas empresas extranjeras han empezado a mover ficha para situarse en el mercado español. Desde hace años, diversos clubes de cannabis, especialmente en Barcelona, están controlados por capital extranjero. No es casual que determinadas empresas norteamericanas de inversión hayan organizado eventos paralelos al rebufo de la feria Spannabis que se celebra en Cornellà de Llobregat, con entradas a quinientos euros por persona. Feria que a finales de enero supimos que habida sido adquirida por el gigante del periodismo cannábico High Times Holding Corp. A finales de octubre, Freedom Leaf de Las Vegas adquirió en Benifaió (Valencia) un invernadero de 40.000m2 para plantar cáñamo. No hace falta continuar. Los ejemplos superan la mera anécdota y son bastante numerosos.
Queda por ver cómo jugará sus bazas el legislativo español y qué modelo de regulación del cannabis ofrecerá a la ciudadanía. Un modelo ultraliberal abrirá las puertas a las inversiones extranjeras con el riesgo de desmembrar el actual tejido asociativo. Modelo que en ningún caso generará los cien mil empleos que creará el modelo híbrido fundamentado en pequeñas empresas, autónomos y cooperativas. Nos genera dudas el cómo se articulará el modelo de regulación y qué escenario socioeconómico abrirá. La incertidumbre es mayor cuando constatamos la opacidad con que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha otorgado hasta la fecha las licencias para cultivar cáñamo. Además, disponemos de algunos indicios de que el lobby farmacéutico tiene sus propios intereses en el sector.
El negocio del cannabis legal es un pastel millonario que, ante el inminente reparto, diversos agentes buscan con todas sus armas los mejores sitios de la mesa para que les toque un buen pedazo. Nos gustaría pensar que la regulación española se alejará de la alegoría al capitalismo desatado que cantó Pink Floyd en Money, pero no disponemos de ninguna evidencia que nos permita afirmar lo contrario.
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