Algunas notas sobre la situación de desamparo de las personas que usan cannabis medicinal
Las consecuencias de la ausencia de un programa de acceso al cannabis medicinal en España repercuten directamente sobre el colectivo de personas que usan cannabis por motivos de salud y, en sus familiares y cuidadores. En este texto trataremos de explicitar una realidad que está oculta y que lejos de desaparecer está en plena expansión.
Las actuales políticas prohibicionistas son fuente de una distorsión en la percepción social sobre el fenómeno del cannabis medicinal. Digamos que “el ciudadano medio” recibe solamente una versión de la realidad, una visión sesgada. Esta distorsión permanente, difundida a través de los medios de comunicación, lleva a la profusión de mitos y mentiras que impiden tener una comprensión amplia y un debate maduro sobre el día a día del colectivo de pacientes.
Lo que nos encontramos al preguntar sobre sus preocupaciones -a pacientes y familias- son problemas cotidianos, inmediatos, que distan mucho de las disputas ideológicas sobre “la salud y la moral de la humanidad”. Y es que la prohibición, supuestamente instituida para acabar con la oferta y la demanda de drogas -que evidentemente no ha conseguido-, sí ha logrado impedir que circule un conocimiento objetivo sobre las sustancias psicoactivas y las personas que las utilizan.
Podríamos resumir, asumiendo el riesgo de que la simplificación deje cosas fuera, que el colectivo de pacientes lucha contra cuatro grandes losas. Todas ellas serían corregibles a partir de la implementación de un programa de acceso al cannabis medicinal que respetara la perspectiva del colectivo de pacientes y, muchas de ellas, lo podrían ser incluso dentro del actual marco regulatorio.
La primera, son las amenazas legales. Esquivar todas las consecuencias de la ley de seguridad ciudadana, de la ley de tráfico, del Código Penal o los rígidos protocolos hospitalarios o de los centros de salud no es tarea fácil. Existe el riesgo constante de sufrir un registro en la vía pública, una detención por el autocultivo, penas de cárcel o la expulsión de según que unidades hospitalarias, así como el riesgo de pérdida de custodia de los hijos. Como ejemplo de esto, en 2013 se publicó un estudio con pacientes que utilizaban cannabis medicinal en Washington (Estados Unidos) cuyo fin era evaluar sus niveles de estrés psicológico, de estrés relacionado con la criminalidad asociada a la marihuana, sus experiencias pasadas con la policía y sus formas de responder a ellas. Los investigadores hallaron que el índice medio de angustia psicológica era casi 2,5 veces mayor que la encontrada en los pacientes pertenecientes a la población general. Los entrevistados refirieron además una cantidad moderada de estrés relacionado con la criminalidad de la marihuana: el 76% de ellos había sufrido alguna de las 119 tácticas diferentes de hostigamiento policial identificadas en el estudio.
La segunda es la falta de información. Existen muy pocos médicos que brinden un consejo o tratamiento con cannabis o sus derivados en relación a las decenas de miles de pacientes que hay en España. Tampoco hay organismos públicos que en sus webs hablen con rigor del cannabis medicinal, más bien lo contrario. Por otro lado, a pesar de que hay una oferta de productos basados en cannabis o sus derivados, se producen muchos casos de oportunismo. La situación de desesperación de los pacientes los puede llevar a confiar en ofertas que no cumplen lo que prometen en sus etiquetas. Los pacientes deberían poder conocer con exactitud aspectos cruciales como la composición, dosificación o concentración del producto que consumen, también deberían poder tener la certidumbre sobre la estandarización de los lotes y la continuidad de los stocks.
La tercera es la situación de estigmatización que sufren los pacientes y sus familiares. Esto es especialmente crítico ya que ese señalamiento social se agrava debido a que son personas con una condición de salud delicada e, incluso se hace exponencial como en el caso de las familias que tratan a sus hijos con cannabis. Saber que tu hijo tendrá menos convulsiones si en el colegio le dan una gota de CBD, pero no poder decirlo a los profesores por miedo a una denuncia es una tesitura indeseable para cualquiera. Que alguien que consume cannabis medicinal sea catalogado de drogadicto pero que otros atiborrados de benzodiacepinas o opiáceos no lo sean es una gran contradicción. Está comprobado que el estigma es fuente de problemas de salud mental. Las actuales políticas sobre el cannabis medicinal empujan al aislamiento de las personas que lo necesitan. El hecho de que los pacientes estén aislados y no tengan espacios de encuentro y educación entre iguales les deja en desventaja en cuanto a incidir en el control de calidad de los productos que se ofrecen en el mercado.
En un estudio realizado en Canadá, donde se preguntó a pacientes que usan cannabis sobre el estigma, estos decían que sus experiencias negativas tenían que ver con 1) los puntos de vista negativos sobre el uso de cannabis como una droga recreativa, 2) las sanciones legales asociadas con el consumo de cannabis y 3) el uso de cannabis en un contexto de la vulnerabilidad estigmatizante (relacionada con la enfermedad y la discapacidad existentes). El mismo estudio concluía que las estrategias mayoritarias para lidiar con el estigma eran: mantener el uso de cannabis medicinal «en secreto»; educar a aquellas personas que no aprobaron o entendieron su uso de cannabis medicinal; y consumir cannabis de forma responsable.
Por último, la dimensión económica. En la mayoría de países de Europa donde se están implementado programas de acceso al cannabis medicinal el coste del mismo es asumido por el Estado, como en Alemania o Holanda. En nuestro contexto, seguimos esperando. A pesar de que muchos Clubes Sociales de Cannabis tienen un gran compromiso con los usuarios terapéuticos, haciendo descuentos y en muchos casos regalándoles su medicina, la mayoría de pacientes tiene que costear su tratamiento de su bolsillo y los productos suelen ser caros, sobre todo, para los pacientes con enfermedades crónicas.
De forma adicional a todo lo señalado, también hay que sacar a relucir el enorme compromiso, rigor y solidaridad que circula en este ámbito. Que la administración pública renuncie a tener el control sobre el mercado del cannabis medicinal conlleva que sea la sociedad civil y el sector privado quienes se responsabilicen de ello. Como se ha dicho antes, hay múltiples CSC que se preocupan por ofrecer un servicio de calidad a sus miembros terapéuticos, también, existen redes de personas que cultivan y regalan sus productos a quienes lo necesitan. Tampoco hay que olvidar que existe una red de alquimistas más o menos profesionales que han puesto su vida al servicio de la fascinante planta del cannabis y que con sus descubrimientos han contribuido a una mejor comprensión del potencial del cannabis como medicina. Por último, cada día surgen nuevas iniciativas y empresas que actúan con honestidad, que tratan de ser competitivas siendo a la vez, socialmente responsables. A todos y todas, les debemos mucho.
Por todo lo dicho, es necesario seguir haciendo presión y evolucionando para que a partir de una regulación basada en la perspectiva del colectivo de pacientes se erija una cultura sobre el cannabis basada en sus beneficios y no en los mitos y la histeria e hipocresía. El mundo avanza inexorablemente hacia la regulación del mercado del cannabis. Los llamados “problemas de drogas” tienen mucho que ver con la calidad democrática de cada Estado, allí donde las comunidades participan menos en política, la regulación está más lejos, por el contrario, si el poder es permeable a la comunidad, la prohibición tiene los días contados.
Òscar Parés Franquero
Licenciado en Antropología y en Filosofía, máster en drogodependencias.
Consultor en el ámbito de la regulación del cannabis y el fenómeno de los Clubes Sociales de Cannabis.
